En un año decisivo para el futuro de la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo ha dado luz verde al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, un conjunto de políticas migratorias que pretende abordar los desafíos relacionados con la inmigración en el bloque europeo. Aprobado en abril de 2024, este pacto llega en un contexto donde el discurso migratorio está dominado por la dicotomía entre la crisis humanitaria en Ucrania, mostrando el lado más humano y las capacidades de la política migratoria de la UE, y las aclamaciones cada vez más xenófobas de las derechas. Así, fuera del caso ucraniano, la migración hacia Europa ha sido tradicionalmente vista a través del prisma de la seguridad y ha generado resentimientos en los países del sur, principales receptores de la inmigración.
El nuevo pacto genera esperanzas, pero también controversias sobre su verdadera capacidad para lograr un cambio significativo y equilibrado en la gestión migratoria y de asilo de la UE.
Contexto de la migración y su gestión en la UE
La migración hacia y dentro de la UE tiene un gran impacto en su gobernanza y en su marco social, económico y político. En solo un año, 6,98 millones de personas inmigraron a la UE. Tres cuartas partes de ellas viven en Alemania, España, Francia e Italia. El 1 de enero de 2022, incluyendo a las personas con ciudadanía de la UE nacidas fuera de ella, el total ascendía a 38 millones, lo que representa el 8,5% de la población. Así, la migración no es un evento dramático, sino más bien ordinario, que además conlleva beneficios significativos, ya que sin ella la población de Europa se situaría en un grave invierno demográfico.
Un aspecto clave al discutir la migración en la UE es el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Este sistema es un conjunto complejo de regulaciones legales que definen cómo se reciben los migrantes y cómo se gestionan los procesos de asilo. A pesar de su importancia, el SECA no se estableció hasta la creación del Espacio Schengen en 1999, cuya primera fase buscaba establecer estándares mínimos comunes entre los Estados miembros para armonizar los sistemas de migración. Además, con el acuerdo de Schengen, la relación entre migración y seguridad se formalizó, creando una nueva «frontera externa» que separa a los países firmantes (UE) de los «exteriores» (no UE).
En 2003 se produjeron avances significativos con la creación de Eurodac, la base de datos de huellas dactilares de la UE, y la fundación de FRONTEX, la agencia encargada de gestionar las fronteras y costas de la Unión. El proceso culminó en 2008 con la segunda fase del SECA y la creación del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, donde ya se hablaba de fomentar la solidaridad y la distribución equitativa de responsabilidades en las políticas migratorias de la Unión, algo que también es clave en la locución del nuevo pacto.
Otro aspecto fundamental para entender la gestión de la migración en Europa es la Convención de Dublín, firmada inicialmente en 1990 y actualmente conocida como Dublín III, que determina qué país de la UE es responsable de procesar cada solicitud de asilo evitando múltiples peticiones en distintos países. Sin embargo, la crisis migratoria de 2015 provocó una suspensión parcial de esta convención debido a la llegada de más de un millón de personas, principalmente por la guerra en Siria. Así, la UE trató de aliviar la carga de Italia y Grecia, adoptando un esquema de reubicación voluntaria para los inmigrantes, lo que generó resistencia en países como Hungría y Polonia.
Entre 2016 y 2020 se dió una reforma del pacto para abordar los problemas de la recepción y distribución de migrantes entre los Estados miembros. En el desarrollo de este pacto fue clave el acuerdo para establecer la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, destinada a optimizar el funcionamiento del SECA.
Así, en 2024, tras un largo periodo de negociaciones, se ha adoptado el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que, a pesar de los avances, enfrenta importantes críticas por reforzar mecanismos que permiten aumentar las detenciones o expulsiones rápidas de inmigrantes, lo que podría comprometer sus derechos internacionales. Además, persisten cuestiones no resueltas en cuanto a la respuesta de la UE a la inmigración, particularmente en lo relacionado con las diferentes reacciones ante diversos flujos migratorios y la cooperación con terceros países.
Principales componentes del nuevo pacto
El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo busca una mayor cooperación entre los Estados miembros, proponiendo un enfoque «más humano y sostenible» hacia la migración.
Sistema de solidaridad flexible
Uno de los aspectos más relevantes del pacto es su capacidad de reemplazar directivas actuales con nuevas regulaciones que, a diferencia de las primeras, deben aplicarse de manera uniforme en toda la UE. Entre los instrumentos clave del pacto se incluyen el Reglamento de Procedimientos de Asilo y el Reglamento de Gestión de la Migración y el Asilo, que reforman los procesos de asilo y establecen mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros buscando establecer un sistema más justo para la distribución de responsabilidades. Cada país debe aceptar un número mínimo de migrantes (30 000 anuales) o pagar una cuota de 20 000€ por cada persona rechazada. Además, se propone un «Pool de Solidaridad», un sistema de solidaridad flexible donde los países pueden optar por reasentar solicitantes de asilo o contribuir de otras maneras, como apoyando financieramente o brindando asistencia técnica. Estos mecanismos buscan aliviar la presión sobre los Estados fronterizos, como Grecia, Italia o España y fomentar una respuesta equitativa.
Nuevo marco de reasentamiento
Algunos de los avances positivos para los migrantes son, por ejemplo, el establecimiento de un nuevo marco de reasentamiento de la UE destinado a proporcionar vías seguras y legales para que las personas que necesitan protección internacional puedan llegar a Europa. Este marco permitiría, tras la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el reasentamiento de un solicitante de protección internacional (un ciudadano de un tercer país o una persona apátrida) de un Estado miembro a otro. Además, el nuevo Pacto introduce una protección especial para categorías vulnerables como mujeres y niñas, menores, sobrevivientes de violencia o tortura, personas con discapacidades y otros grupos. Sin embargo, el éxito de este marco depende del compromiso de los Estados miembros.
La externalización del control migratorio
Otro punto crucial es la externalización del control migratorio, que se refleja a través de acuerdos con terceros países. Ejemplos notables incluyen el acuerdo entre la UE y Turquía, así como las colaboraciones en regiones del Mediterráneo y África subsahariana. Este enfoque de externalización refleja un cambio hacia la disuasión de las llegadas espontáneas y el fortalecimiento de fronteras exteriores con barreras físicas y electrónicas, como se ha visto en las fronteras de Ceuta y Melilla en España.
Así, esta externalización se extiende a las expulsiones y repatriaciones entre países de tránsito y de origen e implica asegurar asociaciones estratégicas, a menudo a cambio de incentivos políticos y financieros. Aunque estas medidas buscan reducir la presión sobre las fronteras europeas, han sido objeto de críticas por contribuir a violaciones de derechos humanos en países de tránsito.
El impacto del pacto: una realidad ambivalente
Aunque el pacto introduce mejoras importantes, su implementación, está rodeada de preocupaciones ya que, detrás de un tono humanitario, el pacto sigue alineado con un enfoque totalmente securitario en lugar de representar un cambio real hacia una mayor solidaridad. La solidaridad propuesta en el pacto es más coercitiva que equitativa. Esto se manifiesta especialmente en el uso de procedimientos acelerados y en la detención de migrantes cerca de las fronteras exteriores.
Aunque los mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros son relevantes, muchos consideran que son insuficientes y que continúan perpetuando el uso del sistema de Dublín, que asigna la responsabilidad del procesamiento de las solicitudes de asilo al primer país de entrada del migrante a la UE, favoreciendo a los países del norte de Europa, mientras que los del sur asumen el mayor peso.
Otros aspectos alarmantes del pacto son la normalización de la detención de migrantes en las fronteras y la llamada «ficción legal» de la no entrada. Bajo los nuevos procedimientos, los solicitantes de asilo pueden ser retenidos hasta 12 semanas mientras se procesan sus solicitudes. Esto, combinado con que se trata a los solicitantes como si no hubieran entrado formalmente al territorio europeo, reduce las obligaciones legales de los Estados miembros hacia los migrantes.
Conclusión
El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE pretende ser una solución integral para gestionar la migración, equilibrando el control fronterizo con los compromisos humanitarios de la UE. Si bien se introducen mejoras para los grupos vulnerables y se plantea una mayor cooperación entre los Estados miembros, el enfoque sigue siendo más reactivo que preventivo, y más centrado en la seguridad que en la protección de los derechos humanos de los migrantes.
El reto para la UE sigue siendo encontrar un equilibrio que no solo proteja sus fronteras, sino que también respete sus valores fundamentales de solidaridad y derechos humanos. Aunque el pacto es un paso adelante, está claro que aún queda un largo camino por recorrer.
