Hablamos de la inteligencia artificial como si ocurriera en un lugar sin coordenadas: la nube, el modelo, el algoritmo. Pero cada consulta a un chatbot se procesa en un edificio concreto, conectado a una red eléctrica y a menudo refrigerado con agua. Detrás de ese edificio hay además una cadena de semiconductores que se fabrica, en su gran parte, lejos de Europa. Ese cuerpo físico de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los debates europeos más relevantes del momento, aunque siga siendo bastante desconocido para el gran público.
La Unión Europea ha decidido crecer con la ola. En junio de 2026 la Comisión presentó la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, que fija el objetivo de al menos triplicar la capacidad europea de centros de datos en un plazo de cinco a siete años. La propuesta busca acelerar los permisos y el acceso a la red, incluso mediante zonas de aceleración donde los proyectos podrían considerarse de interés público superior. La justificación es la soberanía tecnológica, ya que hoy buena parte de los datos europeos se procesan en infraestructuras que no controlamos.
Al mismo tiempo, Bruselas reconoce el coste. Según la propia Comisión, los centros de datos consumieron unos 68 teravatios hora de electricidad en la Unión en 2024, y la Agencia Internacional de la Energía prevé que lleguen a 114 en 2030, más del 3 % de toda la demanda eléctrica europea. Para medir ese impacto, el 21 de septiembre de 2026 la Comisión adoptó un sistema común de calificación en el que cada instalación de más de 500 kilovatios recibirá cada año una nota de energía y otra de agua, esta última ajustada al estrés hídrico de la zona.
Es un paso importante, pero conviene entender su alcance. El sistema obliga a medir y a publicar, sin mencionar ninguna reducción específica, y la decisión sobre si debe haber límites reales se ha trasladado a una consulta pública sobre normas mínimas de rendimiento, abierta hasta el 14 de diciembre de 2026. Allí se decidirá si Europa pasa a exigir.
Mientras esa decisión llega, cada Estado miembro responde a su manera, y las respuestas son muy distintas. Irlanda, donde los centros de datos ya representaron el 22 % del consumo eléctrico nacional en 2024 según el despacho irlandés William Fry, mantuvo durante años un bloqueo de facto a nuevas conexiones. En diciembre de 2025 su regulador energético, la CRU, lo sustituyó por condiciones: los nuevos proyectos deberán alcanzar un 80 % de suministro renovable en seis años y disponer de respaldo energético propio. Países Bajos optó por frenar, desde 2022 restringe los grandes centros de más de 70 megavatios fuera de unas zonas concretas, y el Ayuntamiento de Ámsterdam anunció en 2025 que no admitirá nuevos centros al menos hasta 2030. Alemania fijó en 2023, con su Ley de Eficiencia Energética, exigencias de eficiencia, reutilización del calor residual y energía renovable, aunque este año se ha planteado suavizarlas ante la presión del sector. España, en cambio, autoriza sin condiciones específicas, y la decisión clave se toma en los organismos que conceden el agua.
El resultado es un mapa fragmentado. Analistas jurídicos del blog EU Law Analysis han señalado que la nueva ley europea no establece cuánta capacidad debe asumir cada país, de modo que la inversión tenderá a dirigirse allí donde las condiciones sean más laxas. Europa podría triplicar su capacidad sin haber decidido dónde ni con qué recursos.
El agua es la variable que más se pierde en este debate. Un centro de datos se refrigera con agua, y esa agua no la concede Bruselas, sino una confederación hidrográfica pensada para repartir un recurso dentro de una cuenca, sin el mandato de valorar una estrategia industrial europea. España ilustra bien las dos caras del proceso. En Aragón, los centros de datos de Amazon consumieron unos 68 millones de litros de agua en 2025, según El Economista, mientras que el volumen autorizado para las nuevas instalaciones ronda los 755.000 metros cúbicos anuales, según El Español. La empresa ha respondido con programas de reposición, como la modernización del Canal Imperial de Aragón, pero reponer agua en una cuenca no equivale a extraer menos de ella en el mismo lugar y en el mismo mes. En Cataluña, en cambio, la decisión aún está abierta. El Govern ha identificado 26 proyectos que sumarían unos 2.000 megavatios, frente a los aproximadamente 120 instalados hoy, y más de 140 entidades han pedido una moratoria. La Agencia Europea de Medio Ambiente considera que hay escasez cuando se utiliza más del 20 % del agua renovable disponible, y según esas entidades Cataluña ya supera el 30 %.
La dimensión hídrica no termina en los centros de datos. Los chips que los hacen funcionar también necesitan grandes cantidades de agua, y se fabrican sobre todo en Taiwán. En 2021 la isla sufrió su peor sequía en 56 años, según un estudio de caso de la Universidad de las Naciones Unidas, después de un año sin que ningún tifón tocara tierra, y las autoridades obligaron a los grandes parques tecnológicos a recortar su consumo hasta un 15 %. La Organización Meteorológica Mundial prevé un episodio de El Niño muy intenso este invierno, un fenómeno que tiende a reducir los tifones que llegan a la isla. No es una predicción de sequía, pero sí un recordatorio de que la cadena de la que depende la inteligencia artificial europea es vulnerable, y es que el tiempo es algo que ninguna política puede controlar.
Aquí aparece la cuestión de la autonomía estratégica. La Comisión presentó en junio de 2026 una nueva Ley Europea de Chips para reforzar la producción propia, que hoy no llega al 10 % del total mundial. Sus objetivos se centran en la inversión, la demanda y la seguridad del suministro, pero la disponibilidad de agua de los proveedores de los que dependemos no figura entre ellos.
Nada de esto significa que Europa deba renunciar a los centros de datos. El consumo de agua del sector es todavía pequeño frente al de la agricultura, las tecnologías de refrigeración en circuito cerrado lo reducen mucho, y rechazar proyectos solo los desplazaría a países con menos transparencia. Pero precisamente por eso el debate necesita reglas comunes y no una suma de decisiones locales.
Europa ha decidido crecer y ha decidido medir. Lo que todavía no ha decidido es cuánta agua y cuánta energía está dispuesta a dedicar a la computación, y en qué territorios. Hasta que lo haga, serán los permisos locales, uno a uno, los que respondan por ella.
