Las tractoradas y protestas de los agricultores no han dejado de ser portada en un periodo de gran relevancia en las recientes elecciones europeas del 9 de junio. Pero, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el sector? ¿Cuál es la realidad de las protestas? Y, ¿cómo se está respondiendo desde la Unión Europea?
Relevancia del sector primario para la UE
El sector primario es piedra angular de muchas de las principales políticas europeas. El sector de la agricultura, pesca y silvicultura (gestión y explotación de los bosques) representa en promedio un 1,7% del PIB de los países de la Unión. Los países de Europa en los que tiene una mayor aportación son Letonia y Lituania, donde el sector agrícola representa un 5% y un 4% del PIB respectivamente. En el otro extremo se sitúan Luxemburgo, con un 0,2% del PIB, y Bélgica, con un 0,6%. En España nos situamos por encima del promedio europeo, con un 2,3% del PIB para el año 2022. (Eurostat)
Además, la agricultura tiene mucho peso en los presupuestos de la UE, ya que un tercio de estos se destina a los agricultores. En los últimos presupuestos se calculó que, para el periodo 2021-2027, 386.7 millones de euros de los contribuyentes irán destinados a la Política Agrícola Común (PAC) financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Sin embargo, una reforma de la PAC para el período 2023-2027 entró plenamente en vigor el 1 de enero de 2023. La nueva PAC sufría recortes presupuestarios y nuevas cláusulas medioambientales, como la reducción de pesticidas y el aumento de la superficie ecológica obligatoria para adaptarla a los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Problemas del campo
Agricultores y ganaderos, junto con numerosos expertos, coinciden en que el campo se enfrenta a grandes desafíos.
Cambio climático y especulación
Comenzando por el cambio climático, los agricultores han visto cómo se han alterado los calendarios agrícolas, han aumentado plagas y enfermedades, se ha perdido biodiversidad, etc., afectando al rendimiento de los cultivos y a la calidad de las cosechas. Además, los pequeños agricultores y ganaderos denuncian la especulación con las tierras de cultivo por parte de los fondos de inversión que solo buscan una gran rentabilidad a corto plazo agotando los recursos del terreno en el que actúan.
Costes de producción disparados y desigualdad en el reparto de ayudas
Desde 2021 se ha percibido un aumento de los precios a causa del atasco en la cadena de suministros y, especialmente desde 2022 con la invasión rusa de Ucrania, los datos del índice de precios agrarios pagados por los agricultores muestran importantes subidas en lo que se desembolsa por productos como el precio de fertilizantes, combustibles y piensos para el ganado. Y aunque se pusieron en marcha una serie de ayudas específicas, los últimos informes de la Comisión Europea reconocían que alrededor del 80% de los pagos directos se conceden al 20% de los mayores beneficiarios. Dado que las ayudas se basan en muchos casos en la superficie poseída, las explotaciones más pequeñas, (menos de 5 hectáreas), reciben el 5,8% de los pagos directos, a pesar de representar el 48,9% del total de beneficiarios de estas ayudas. Mientras, las más grandes (de 250 hectáreas o más), se quedan con el 22,1% de estas subvenciones, siendo el 1,1% de los beneficiarios.
Burocracia
Clave de las quejas del sector primario es la concepción de que hay demasiada burocracia de regulación para acceder a las ayudas. La burocracia se encuentra principalmente entorno a los ecoesquemas de las BECAM (Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales) y también a la reciente implantación del Cuaderno Digital. Si bien la Unión Europea contempla la llegada del Cuaderno Digital de Explotación Agrícola de cara a 2026, ya se ha comenzado a implantar en algunos países como España. Este supone un cambio profundo en la manera de trabajar la parte administrativa, ante la cual una gran cantidad de productores no están preparados por el desconocimiento informático y que, además, puede llegar a suponer costes de gestión que afecten a la rentabilidad. Asimismo, los ganaderos también señalan que se han generado duros controles debido a las nuevas cuestiones de sanidad animal.
Relevo generacional
También es grave que, pese a que tras la pandemia se detectó un mayor interés en el sector agrario por parte de los jóvenes, en España el 67% de los jefes de explotación es mayor de 55 años, y solo en el 4% es menor de 35. (Censo Agrario). La PAC contempla ayudas para los agricultores jóvenes, y emplaza a los países miembros a destinar al menos el 3% de su presupuesto de pagos directos a apoyar a este colectivo con ayudas a la renta o a la inversión. Sin embargo, se necesitan mecanismos efectivos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo.
Protestas
En este contexto, coincidiendo con la retirada en varios países de las devoluciones fiscales de los carburantes consumidos por los agricultores, entidades como la Fédération Wallonne de L’Agriculture (FWA), miembro del COPA-COGECA, y la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), miembro del CEJA, convocaron protestas en Bruselas que se van sucediendo desde que se dieron las primeras en Polonia y Alemania en diciembre de 2023. Las protestas se extendieron por Europa central, Francia y posteriormente también en el sur de Europa.
Los agricultores que han salido a la calle reclaman simplificar la burocracia de la PAC, relajar el Pacto Verde Europeo, la creación de una ley Europea de Cadena Alimentaria y que se acabe con la competencia desleal. La Ley de Cadena Alimentaria (que distingue a España del resto de Europa, ya que tenemos una nacional), trataría de garantizar que agricultores y ganaderos no trabajen a pérdidas y luchar también por unos precios justos.
La consigna de que los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países que no cumplen con las exhaustivas exigencias de los productos producidos en la UE y que se venden a bajo precio, vertebra buena parte de las protestas. En un comunicado conjunto de UPA, COAG y ASAJA (las organizaciones agrarias mayoritarias en España), se reclamaba a la UE la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda o Marruecos y que se paralicen las negociaciones con muchos otros terceros países. En estas quejas también se incluye una dura crítica a los “corredores solidarios” que dan ventajas arancelarias a productos ucranianos.
Realidad política de las tractoradas
Pese a que los problemas del campo son muchos y reales, con las elecciones europeas a la vista, partidos conservadores y de extrema derecha por toda Europa han encontrado una gran oportunidad para impregnar la causa con sus discursos.
Negacionismo y antieuropeismo
Las reivindicaciones de distintos portavoces del campo son acompañadas por otras voces que atribuyen problemas como la sequía a un supuesto plan urdido por los gobiernos y la Unión Europea y que culpan a la Agenda 2030 de ser complot de las “élites globalistas” y ecologistas que pretende empobrecer el campo alterando tradiciones, limitando el uso de químicos y promoviendo, por ejemplo, la demolición de presas. Sin embargo, los sindicatos de agricultores insisten en que estos discursos distan de los manifiestos mayoritarios y no hacen más que perjudicar su lucha.
Derechas y lobbies
Así mismo, no solo tenemos que tener en cuenta los discursos extremistas que han salido a la luz, también es importante destacar el papel que las grandes empresas de agroquímicos y lobbies están teniendo en las negociaciones y concesiones que se están haciendo desde la UE. Así, el único grupo de presión que domina la política agrícola de la UE es Copa-Cogeca, muy cercano al PPE y a la industria de pesticidas, ha utilizado su posición en el último año para acaparar fondos públicosy oponerse a las reformas medioambientales propuestas por el Pacto Verde y la Estrategia «de la granja a la mesa«, incluyendo el aplazamiento con éxito de una ley para reducir drásticamente el uso de pesticidas, y el intento de aplazar la Ley de Restauraría de los Ecosistemas europeos.
Respuesta desde la UE
Ante la situación, la Comisión Europea propuso permitir a los agricultores de la UE acogerse durante un año a excepciones a determinadas normas agrícolas como la derogación de la PAC para las tierras de barbecho. También congeló la propuesta de Ley para la reducción de pesticidas que pretendía la disminución a la mitad del uso de estos tratamientos para 2030 y su futura prohibición total en áreas naturales. Además, Von der Leyen anunció en su discurso de la Unión de 2023 un “diálogo estratégico” sobre la agricultura que se inició oficialmente el 25 de enero de 2024. Éste reunirá a un grupo diverso de agentes (agricultores, consumidores, ONGs, industrias, organizaciones financieras y académicos) y culminará en el próximo septiembre en un informe que guiará las acciones de preparación de la próxima PAC.
Sin embargo, la UE no se pronuncia sobre las cláusulas espejo (exigencia equitativa de regulación sobre la producción de los productos importados) y solo menciona los objetivos teóricos de la UE como actor a la hora de promover mejoras sanitarias, ambientales y de bienestar animal en otros países.
Por último, y cómo único alivio para el dañado Pacto Verde Europeo, en febrero se aprobó la Ley de Restauración de La Naturaleza pese a que gran parte del sector agrario culpe directamente a la normativa medioambiental de la excesiva carga burocrática y que el EPP repitiese que el proyecto de ley pondría en peligro el sustento de los agricultores.
Conclusión
Según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), los partidos populistas y antieuropeos podrían imponerse en nueve países, lo que sin duda se ha visto influenciado por su fuerte pronunciación durante las protestas del sector primario. El próximo ciclo político definirá la Europa en la que vivan las próximas generaciones y está claro que el problema de la PAC, que no ha cambiado el enfoque de aumento exponencial de la productividad con la que fue creada en 1962, es una cuestión de políticas públicas que no puede desestimar la importancia de la sostenibilidad tanto económica como medioambiental.
