El miércoles 14 de junio, el pleno del Parlamento Europeo adoptó, con 404 votos a favor, 78 en contra y 130 abstenciones, un informe en el que solicita a la Comisión Europea que proponga una directiva sobre Prácticas de Calidad y que actualice el marco existente de Calidad para las Prácticas Formativas.
Según los eurodiputados, la nueva directiva debería establecer estándares mínimos de calidad, incluyendo reglas sobre la duración de las prácticas, la remuneración y el acceso a la protección social de acuerdo con la legislación y prácticas nacionales.
El Parlamento señala que las prácticas formativas deben ser compensadas adecuadamente, cubriendo al menos el gasto mínimo en necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte, teniendo en cuenta el coste de vida en cada Estado miembro.
Además, en el mismo informe se hace un llamado a los Estados miembros para que hagan que las prácticas formativas sean más accesibles para personas con discapacidad y provenientes de entornos vulnerables, así como fomentar las prácticas transfronterizas. Además, se solicita que en un futuro la Comisión evalúe la inclusión de más reglas vinculantes en este ámbito.
Importancia y estado actual de las prácticas
El Eubarómetro Flash de junio de 2023 muestra que el 78% de los jóvenes consultados (81% en el caso español) han efectuado al menos un periodo de prácticas, y para un 19% su primera experiencia laboral fueron unas prácticas.
El problema viene cuando se analizan los datos que el propio Eurobarómetro nos arroja. El 44% de los encuestados manifiesta que no recibió remuneración en el último periodo de prácticas realizado, elevándose al 55% en España. Además, un 27% (28% en nuestro país) manifiesta que no tuvo acceso a ningún tipo de protección social.
Otro aspecto que revela la encuesta son los problemas para acceder a las prácticas por parte de personas con discapacidad, personas jóvenes de entornos socioculturales desfavorecidos e inmigrantes:
El 40% de los encuestados cree que los periodos de prácticas no son igual de accesibles para las personas jóvenes de entornos vulnerables. En España, el porcentaje aumenta hasta el 43%. En cuanto a personas con discapacidad, los porcentajes son de un 46% en el ámbito europeo y de un 43% en el español. Por último, en el caso de los inmigrantes es de un 47% y un 50% respectivamente.
A estos aspectos, parte principal del informe del Parlamento Europeo, se le suma el interés de los propios eurodiputados de fomentar las prácticas transfronterizas. En la actualidad, son un 21% de los europeos los que optan por ello, mientras que en España solo el 18% realiza las prácticas en otro país de la Unión Europea, por lo que hay mucho margen para implementar medidas que lo pudieran fomentar.
Ahora falta saber en qué medidas materializará la Comisión Europea la iniciativa parlamentaria y cómo las implantan los Estados miembros para mejorar la calidad de las prácticas y las condiciones laborales de quienes las realizan.
