El pasado 17 de octubre los Ministros de Energía de la UE acordaron por unanimidad, a excepción de la abstención de Hungría, la modificación del diseño del mercado eléctrico de la Unión tras cuatro meses de diálogo debido a un estancamiento entre Alemania y Francia respecto a los denominados contratos bidireccionales por diferencia (CfD). No obstante, dicho acuerdo requiere negociaciones previas con el Parlamento Europeo hasta llegar a un acuerdo definitivo e implantarse finalmente.
¿Qué supone este acuerdo?
Uno de los objetivos principales que tiene esta reforma son los precios de la electricidad, los cuales serán más independientes de los precios de los combustibles fósiles. En palabras de la ministra de la transición ecológica y el desafío demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, los consumidores de toda la Unión Europea “podrán beneficiarse de unos precios de la energía mucho más estables, menos dependencia del precio de los combustibles fósiles y una mejor protección contra futuras crisis”.
Además, mediante esta reforma se pretende estabilizar los mercados de la electricidad a largo plazo a través del impulso del mercado de los acuerdos de compra de energía, conocidos en inglés como PPAs, generalizando así los CfD y mejorando, por tanto, la liquidez del mercado con el tiempo. Es decir, los CfD se podrán usar tanto para la subvención de nuevos proyectos de energías renovables y nuclear como para la ampliación de la capacidad de la duración y durabilidad de las plantas nucleares existentes, poniendo especial hincapié en las de Francia.
En un principio, los Estados miembros contrarios a la energía nuclear, liderados por Alemania, rechazaban esta medida, lo que supuso la paralización inicial de la reforma.
Por último, otra de las propuestas del acuerdo supone enmendar la legislación correspondiente del mercado de la electricidad, mejorando de esta manera la protección de la UE contra la manipulación del mercado mediante una mejor supervisión y transparencia, es decir, gracias al Reglamento sobre Integridad y Transparencia del Mercado Mayorista de Energía, más conocido como REMIT en inglés.
¿Por qué los CfD han supuesto un estancamiento en el avance de la reforma?
Los contratos bidireccionales por diferencia, los CfD, son el núcleo central, pero también el punto más controvertido de la reforma. Estos, de acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, son un tipo de contrato a largo plazo por entidades públicas con la finalidad de apoyar inversiones en generación eléctrica, cuando los precios de los mercados son bajos, y pedir al generador la devolución de una cantidad cuando el precio del mercado es superior a un límite concreto. De esta manera, se evitan ingresos extra inesperados.
Así, el Consejo acordó que este modelo de contratos serían obligatorios cuando la financiación pública involucrara contratos a largo plazo, con algunas excepciones. Estos se aplicarían a inversiones en nuevas instalaciones de energía eólica, geotérmica, solar, hidroeléctrica sin depósito y nuclear.
Sin embargo, esta última ha sido objeto de discrepancias entre – principalmente – Alemania y Francia, provocando así un estancamiento en el avance del acuerdo. Por una parte, un grupo de Estados miembro liderados por Francia pretendía extender el modelo a instalaciones ya existentes con el fin de conseguir precios más bajos respecto a su energía nuclear. No obstante, Alemania, junto a otros países, buscaban que los ingresos generados por estas instalaciones se dirigiesen tanto a consumidores como a empresas mediante limitaciones en la cantidad de energía.
Finalmente, el acuerdo ha sido posible gracias a la Comisión, comprometiéndose al control estricto de las ayudas públicas a las instalaciones ya existentes para garantizar la igualdad en el trato entre los Estados miembros y salvaguardar el mercado interior.
Siguientes pasos a seguir
Las propuestas sobre la reforma del mercado eléctrico fueron adoptadas por la Comisión el 14 de marzo de 2023 para contener las fluctuaciones de los precios energéticos como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero no ha sido hasta el 17 de octubre cuando se ha llegado a un acuerdo.
Por otro lado, todavía quedan las negociaciones por parte del Parlamento Europeo sobre un acuerdo final. Una vez conseguido, tanto el Consejo como el Parlamento deberán adoptar formalmente el resultado obtenido en las conversaciones del Parlamento.
