El pasado febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenaba tanto la represión a manos del régimen nicaragüense como la nueva reforma constitucional, reclamaba sanciones contra funcionarios orteguistas y pedía a los Estados miembro denunciar a Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el contexto social y político del país que le ha llevado a este punto? ¿Las relaciones entre Nicaragua y la UE han sido siempre así?
La situación de Nicaragua
Daniel Ortega lleva detentando el poder ininterrumpidamente en Nicaragua desde 2007, si bien ya había sido presidente del país en el periodo 1985-1990. Junto con su esposa, Rosario Murillo, que ha ostentado el cargo de vicepresidenta desde 2017, ha ido acaparando todos los sectores de la sociedad, llegando incluso a cerrar medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades no afines.
El punto crítico tuvo lugar en 2018, cuando, a raíz de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se produjeron protestas populares que fueron sofocadas con mano dura: murieron al menos 328 personas, detuvieron a miles de personas y otras tantas fueron heridas. Desde entonces, el país ha sufrido una crisis multifacética. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que trabaja en el marco de la ONU, concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzadas y persecución por motivos políticos. En su último informe, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró lo siguiente: “Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo severamente erosionado en Nicaragua y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil”.
En un paso más para aferrarse al poder, en enero se aprobó una reforma constitucional a raíz de la cual ambos dirigentes se han convertido en copresidentes del país.
¿Qué se pide en la última resolución?
Mediante la resolución, el Parlamento Europeo pide activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, lo cual supondría la exclusión del tratado comercial con la UE. Para algunos eurodiputados, como Željana Zovko (EPP), la UE debe exigir garantías de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar fondos al país y velar por que el dinero europeo no contribuya a reforzar el régimen de Ortega y Murillo.
Otros representantes del arco parlamentario, entre ellos Leire Pajín (S&D) o Carlo Fidanza (ERC), denuncian, en consonancia con la resolución aprobada, la persecución a la que están sometidos desde 2018 los defensores de los derechos humanos, opositores y representantes religiosos, principalmente católicos, y exigen, asimismo, la revocación de la reforma constitucional que establece una copresidencia para ambos que controla todos los poderes del Estado, las instituciones independientes y los medios de comunicación.
Entre otras cosas, tal y como señala la nota de prensa del Parlamento Europeo, «los eurodiputados denuncian el uso del exilio y la revocación de la nacionalidad “como arma contra las voces disidentes”, piden que se permita el retorno seguro de los exiliados e insisten en la importancia de respetar el derecho a la disidencia».
Por último, respaldan que los Estados miembros inicien investigaciones contra el régimen de Ortega y Murillo por crímenes contra la humanidad a través de la Corte Penal Internacional e insisten en la urgencia de ampliar la lista de personas sancionadas para incluir a ambos y a sus más allegados.
Las relaciones entre el Parlamento y Nicaragua en el pasado
En la anterior legislatura (2019-2024), el Parlamento Europeo adoptó siete resoluciones denunciando la deriva autoritaria y la persecución de opositores por parte del régimen nicaragüense. La resolución previa exigía a los países miembros que activaran el mecanismo de la “jurisdicción universal” con el fin de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Todas estas resoluciones, sumadas a las sanciones prorrogadas por el Consejo hasta octubre de este año, han coadyuvado a dar visibilidad a la crisis sociopolítica que padece Nicaragua desde hace casi una década. A pesar de ello, el Parlamento, que se ha mostrado siempre crítico y ha reclamado medidas más contundentes, vuelve a poner la pelota sobre el tejado del Consejo y la Comisión, sobre los que ejerce presión para que la última resolución no quede en papel mojado.
En resumen, la constante vulneración de derechos fundamentales así como la preocupante deriva autoritaria del país han provocado reacciones en las distintas instituciones de la Unión Europea. El rumbo que tome el país centroamericano está todavía por ver, pero, en palabras de Volker Türk, “las elecciones de 2026 ofrecen una nueva oportunidad. Es crucial que el derecho a la participación política se respete plenamente para que los y las nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”.
