La seguridad europea será el tema de la próxima edición del Forum for the Future of the EU 2026
Durante décadas, Europa pudo tratar la seguridad como una condición estable, no como una tarea política permanente. La invasión rusa de Ucrania desmontó esa confianza y obligó a recuperar una pregunta incómoda: ¿puede la Unión Europea proteger sus intereses si depende de capacidades que no controla plenamente? La respuesta no pasa solo por gastar más, sino por decidir mejor qué necesita, producirlo a tiempo y ser capaz de actuar conjuntamente.
El aumento del gasto demuestra que el diagnóstico ha calado. Según la Agencia Europea de Defensa, los Estados miembros gastaron 418.000 millones de euros en defensa en 2025, y la cifra se proyectaba en 454.000 millones para 2026. Sin embargo, el volumen de inversión no equivale automáticamente a capacidad militar. La cuestión decisiva es qué se compra, dónde se produce y si los sistemas adquiridos pueden operar juntos.
La Unión ha empezado a construir herramientas para responder a ese problema. El plan Readiness 2030 aspira a movilizar hasta 800.000 millones de euros, principalmente mediante un mayor margen para el gasto nacional y otros instrumentos financieros. No se trata, por tanto, de un presupuesto común europeo de esa cuantía. Una de sus principales herramientas, SAFE, permite conceder hasta 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para impulsar inversiones de defensa, en principio mediante compras conjuntas. La lógica es relevante: agregar la demanda de varios países puede reducir costes, mejorar la interoperabilidad y dar a la industria señales de producción más previsibles.
También se han fijado objetivos para corregir la fragmentación. La Estrategia Industrial Europea de Defensa de 2024 planteó que, para 2030, los Estados miembros comprasen conjuntamente al menos el 40 % de sus equipos de defensa y destinasen al menos la mitad de sus presupuestos de adquisición a productos fabricados en Europa. La hoja de ruta, el plan Readiness 2030, presentada en 2025, aceleró algunos hitos: propone organizar al menos el 40 % de las adquisiciones de defensa de forma conjunta para finales de 2027 y elevar al menos al 55 % la inversión en equipos procedentes de la base tecnológica e industrial de defensa europea. El Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP) añade 1.500 millones de euros en subvenciones hasta finales de 2027 para apoyar la capacidad productiva, la cooperación y la seguridad del suministro.
El reto es que estas iniciativas se traduzcan en equipos disponibles y no se queden en anuncios, objetivos o préstamos. Según la Agencia Europea de Defensa, en 2025 las adquisiciones colaborativas representaron el 24 % del gasto de los Estados miembros en compra de equipos, lejos de los objetivos políticos europeos. Además, cada gobierno sigue tomando buena parte de sus decisiones de acuerdo con calendarios, requisitos y prioridades nacionales. Esa fragmentación favorece duplicidades, limita las economías de escala y puede generar sistemas difíciles de integrar. Si varios países encargan por separado equipos distintos para resolver necesidades similares, Europa paga más y tarda más en construir una capacidad común.
Hay déficits que tampoco se resuelven con rapidez. Europa necesita reforzar la defensa aérea y antimisiles, las existencias de munición y misiles, los drones y sus sistemas de neutralización, la movilidad militar, la ciberdefensa y los llamados habilitadores estratégicos: transporte aéreo estratégico, reabastecimiento en vuelo, inteligencia, vigilancia, comunicaciones seguras y capacidades espaciales. La hoja de ruta europea establece hitos escalonados: algunas capacidades iniciales de vigilancia del flanco oriental y defensa antidrones se prevén para 2026, mientras que el objetivo de que la iniciativa europea de defensa antidrones esté plenamente operativa se sitúa en 2027 y el de la vigilancia del flanco oriental, en 2028. Son calendarios de desarrollo, no garantías de que todas las carencias quedarán resueltas en esas fechas.
Los plazos dependen del tipo de capacidad. Aumentar la producción de munición o reponer existencias puede dar resultados en pocos años si existen contratos estables, pedidos coordinados y cadenas de suministro suficientes. En cambio, desarrollar sistemas avanzados, formar personal especializado y crear capacidades espaciales o plataformas complejas exige más tiempo. Por eso, 2030 debe entenderse como un horizonte para cerrar brechas prioritarias y mejorar la preparación, no como una fecha en la que Europa vaya a alcanzar una independencia militar completa.
También persisten dependencias externas, especialmente en capacidades estratégicas y tecnologías cuya producción europea no cubre toda la demanda. Reducirlas no significa fabricar dentro de Europa absolutamente todo ni romper con Estados Unidos. La OTAN continúa siendo esencial para la defensa colectiva y la cooperación transatlántica aporta capacidades difíciles de sustituir a corto plazo. La autonomía estratégica consiste en disponer de opciones reales: poder contribuir a una operación, sostenerla y tomar decisiones cuando los intereses europeos lo exijan, sin que una carencia crítica paralice la respuesta.
Por eso, el siguiente paso debe ser político además de industrial. Los Estados miembros han de acordar requisitos comunes, comprometer pedidos a largo plazo, compartir investigación y producción y evaluar los avances por las capacidades entregadas, no solo por el dinero anunciado. La financiación europea puede incentivar esa coordinación, pero no sustituye la voluntad de los gobiernos de planificar juntos. Y la urgencia no debería llevar a una carrera de compras nacionales que reproduzca precisamente las debilidades que se pretende corregir.
Durante años, Europa dio por sentada su seguridad. Hoy invierte más y dispone de nuevas herramientas, pero el éxito no se medirá únicamente en millones de euros. Se medirá en munición disponible, defensas capaces de operar juntas, infraestructuras protegidas y decisiones que puedan ejecutarse a tiempo. La autonomía estratégica europea consiste en construir medios para defender sus intereses comunes.
