La entrada de Polonia en la Unión Europea (UE) en 2004 marcó un hito crucial en la trayectoria histórica de un país que pasó de estar bajo el yugo de la Unión Soviética de 1945 a 1989 a convertirse en miembro pleno de la UE. Este paso conllevó una serie de beneficios palpables, como el acceso a mercados más amplios, oportunidades de inversión, fondos de desarrollo y una mayor conexión económica con el resto de Europa.
Sin embargo, en los últimos años, Polonia ha estado en el centro de un intenso debate sobre la situación de su Estado de Derecho y su compromiso con los valores democráticos fundamentales de la Unión Europea, compartiendo similitudes con Hungría. Pero, ¿cuáles son exactamente los temas que han generado tanta preocupación tanto dentro como fuera de Polonia?
Independencia judicial o libertad de prensa: el caso polaco
Entre los temas que más preocupación han generado, es necesario destacar, en primer lugar, las reformas y modificaciones judiciales llevadas a cabo entre 2015 y 2019 bajo los gobiernos conservadores de Beata Szydło y Mateusz Morawiecki, ambos del partido PiS (Ley y Justicia), las cuales han sido criticadas por su impacto en la independencia judicial y por percibirse como una interferencia política en el sistema judicial.
Durante estos años, se llevó a cabo una reforma del Tribunal Constitucional con la designación de nuevos jueces y modificaciones en su funcionamiento interno. Así, en 2017 se aprobó una ley que reducía la edad de jubilación de los jueces de la Corte Suprema, lo que resultó en el retiro forzoso de varios jueces. Dos años después, el 20 de diciembre de 2019, Polonia aprobó una ley que “modificaba las normas nacionales de organización de los tribunales ordinarios, los tribunales de lo contencioso-administrativo y el Tribunal Supremo (“ley modificativa”)”. En otras palabras, esta ley permitía al gobierno polaco tener un mayor control sobre el sistema judicial, incluyendo la capacidad de destituir y nombrar jueces.
En segundo lugar, cabe destacar la situación del propio Estado de Derecho en Polonia. La Comisión Europea ya ha expresado su preocupación, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes. Una separación de poderes que cuestiona la independencia del sistema judicial y su capacidad para ejercer un control efectivo sobre el poder ejecutivo y legislativo.
En último lugar, la libertad de prensa y los derechos de las minorías. En 2016, se aprobó una ley que permitió al gobierno polaco ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación estatales, lo que generó preocupaciones sobre la imparcialidad e independencia de dichos medios. Además, destacan varias leyes a lo largo de los años, incluyendo legislación anti-LGBTQ+ y la introducción de “zonas libres de LGBT” por parte de varios municipios, una iniciativa que pretende acabar con la ideología “gay” y que ha planteado preocupaciones sobre los derechos de las minorías y la promoción de la diversidad sexual en Polonia.
Actuación y respuesta de la Unión Europea
En diciembre de 2017, la Comisión Europea, por vez primera en la historia de la UE, activó el artículo 7 contra Polonia debido a preocupaciones sobre reformas judiciales que, según la Comisión, amenazaban la independencia del poder judicial. Este artículo permite suspender los derechos como miembro de la UE si un país infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE: libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, etc.
No obstante, esta preocupación no es un caso aislado que afecta solo a Polonia. También afecta a uno de sus vecinos del sur: Hungría. En 2018, los eurodiputados votaron a favor de activar el artículo 7 contra Hungría, citando preocupaciones sobre el funcionamiento de las instituciones del país o el respeto a los valores fundamentales de la UE, incluidos los derechos humanos, el Estado de Derecho o la independencia judicial. En relación a Polonia, los eurodiputados apoyaron ese mismo año una propuesta similar por parte de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a causa de las vulneraciones del principio de independencia judicial.
Por otro lado, el 5 de junio de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo declarando que la ley aprobada en 2019 en relación al sistema judicial de Polonia era ilegal y contravenía el derecho de la UE. Este fallo señalaba que la ley afectaba la independencia de los jueces y violaba el derecho a un juicio independiente e imparcial. Sin embargo, este no fue el primer pronunciamiento del TJUE sobre este tema. Dos años antes, el tribunal ya había ordenado a Polonia que disolviera una comisión que investigaba a los jueces por sus decisiones, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de una salida de Varsovia de la Unión Europea, denominada “Polexit“.
Perspectivas de futuro para Polonia
Ahora, con el cambio de gobierno y la elección de Donald Tusk como primer ministro, se aguarda un cambio en la situación del Estado de Derecho en Polonia. Como parte de su agenda de reajuste diplomático, se incluye la propuesta de restaurar la independencia judicial. El 20 de febrero de este año, durante una reunión de ministros de Asuntos Europeos en Bruselas, el ministro de Justicia polaco, Adam Bodnar, presentó un plan de acción que comprende nueve proyectos de ley destinados a restablecer la independencia judicial, abarcando desde el más alto tribunal del país hasta los tribunales ordinarios.
Y, aunque hasta la fecha no se contemplaba el final del artículo 7, Polonia busca ahora la desactivación de este artículo, lo que refleja un cambio de enfoque en su relación con la Unión Europea durante este nuevo mandato. Tras años de tensiones y conflictos relacionados con la aplicación de las reformas judiciales y otras políticas controvertidas bajo el gobierno del PiS, el país busca ahora la reconciliación con la UE.
Para Polonia, la reconciliación con la UE no solo implicaría la resolución de las tensiones políticas y legales, sino también la recuperación de la estabilidad y la seguridad económica que proviene de ser parte de la comunidad europea. Esto podría abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para el país, así como fortalecer su posición en el escenario internacional.
Sin embargo, la desactivación del artículo 7 y la reconciliación con la UE no serán tareas fáciles. Requerirán un compromiso genuino por parte del gobierno polaco para abordar las preocupaciones de la UE, así como la voluntad de comprometerse en un diálogo constructivo y respetuoso. Además, lo más probable es que Polonia también necesite la cooperación y el apoyo de otros estados miembros de la UE para lograr una resolución satisfactoria.
